Los desastres naturales están redefiniendo la estabilidad de innumerables comunidades. Más allá de las cifras oficiales del PIB, hay costes económicos reales que quedan ocultos en las estadísticas habituales.

Este artículo explora tres capítulos esenciales: la dimensión mundial del problema, los mecanismos económicos que explican el daño y la desigualdad en la distribución de los impactos.

Dimensión global del problema

Un informe reciente de la ONU revela que las pérdidas acumuladas por desastres naturales suman 2,3 billones de dólares, alrededor de diez veces más que las estimaciones tradicionales basadas solo en daños directos.

Este desfase se atribuye a efectos multiplicadores como la interrupción de cadenas de valor, la caída del turismo y la reducción de inversiones, además de daños colaterales de largo plazo sobre ecosistemas y sociedades.

En 2024, las pérdidas mundiales alcanzaron 140.000 millones de dólares, frente a los 106.000 millones de 2023, lo que indica una tendencia creciente asociada al aumento de fenómenos extremos con el cambio climático.

La desigualdad es evidente cuando comparamos pequeñas economías con grandes bloques regionales. Por ejemplo:

Además, el derretimiento acelerado del glaciar Thwaites podría elevar el nivel del mar en más de 0,5 metros, poniendo en juego infraestructuras costeras valoradas en más de 1,8 billones de dólares.

Mecanismos económicos del impacto

Para entender cómo se traduce un suceso extremo en perjuicio económico, conviene distinguir entre el impacto inmediato, el rebote de corto plazo y las consecuencias estructurales de largo plazo.

• Impacto inmediato: Interrupción de la actividad comercial, cierre de negocios y problemas de movilidad, lo que provoca una caída transitoria del PIB local.
• Impacto de corto plazo: Aumento del gasto en reconstrucción y reposición de bienes dañados, generando un rebote de la demanda en sectores como la construcción.
• Impacto estructural: Pérdida de capacidad productiva y endeudamiento que puede frenar la inversión futura.

Durante la DANA de octubre de 2024 en València, por ejemplo, se estima una pérdida de riqueza superior a 17.000 millones de euros (más del 20% del PIB provincial), aunque el PIB solo reflejó una caída de unas décimas.

El terremoto de Chile en 2010, de magnitud 8,8, resultó en más de 500 muertos, un millón de desplazados y 30.000 millones de dólares en pérdidas (aprox. 19% del PIB), ilustrando cómo el coste humano y social se convierte en carga económica.

Desigualdad del impacto

El peso de los desastres recae con mayor dureza sobre las economías locales y comunidades pequeñas, que suelen depender más de sectores expuestos como la agricultura, la pesca o el turismo.

• Micronesia perdió el 46,1% de su PIB en 2023, frente al 0,23% de Norteamérica.
• Las comunidades rurales e insulares sufren interrupciones prolongadas por su limitada capacidad de acceso a redes de suministro y servicios básicos.

En España, el coste total de las catástrofes naturales en 2023 alcanzó 4.450 millones de euros, un 53,45% más que en 2022. La distribución del daño entre los hogares revela que:

• Inundaciones: 82,68% del daño.
• Tormentas ciclónicas: 15,17%.
• Embate de mar: 1,34%.
• Terremotos: 0,81%.

Además, los países en desarrollo afrontan elevados niveles de deuda para financiar la respuesta y rehabilitación, lo que restringe su margen fiscal y desplaza inversión de áreas como educación o sanidad.

Hacia una mayor resiliencia local

Para mitigar estos impactos es esencial fortalecer la prevención y aumentar la cobertura aseguradora. Algunas medidas claves incluyen:

• Inversión en infraestructuras resistentes a fenómenos extremos.
• Sistemas de alerta temprana y planes de evacuación comunitarios.
• Fondos de contingencia y seguros paramétricos adaptados a riesgos locales.

También resulta crucial promover la diversificación económica de las zonas vulnerables y fomentar la capacitación técnica de los gobiernos locales.

Solo mediante un enfoque integrador, que combine planificación, financiamiento y compromiso ciudadano, se podrá aliviar el impacto desproporcionado en economías que, sin estas acciones, seguirán siendo las más castigadas por el avance del cambio climático.